El Chocó, la región colombiana más rica en biodiversidad y habitada por afrodescendientes e indígenas, está en puertas de acoger un proyecto de minería a gran escala cuyas eventuales consecuencias han puesto en alerta a organizaciones humanitarias y medioambientales.

El presidente Juan Manuel Santos se comprometió desde su investidura, en 2010, a convertir al sector minero en una de las “locomotoras de la economía”, proyecto que si bien aportará ingresos al Estado comprometería la forma de vida de los habitantes del Chocó, cuyo subsuelo es rico en oro, platino y uranio.

Este territorio, bañado por el Pacífico y fronterizo con Panamá, es uno de los más pobres de Colombia pese a contar con un imponente bosque tropical y abundantes fuentes hídricas.

Es una región aislada del resto de las tierras bajas de Sudamérica por la cordillera de los Andes, una barrera natural que favorece la vida de un sinfín de especies endémicas entre plantas, mariposas, aves y reptiles, a lo que se une una alta pluviosidad. En el Chocó llueve casi todos los días del año.

Ante el aluvión minero que se avecina, el sacerdote alemán Uli Kollwitz, responsable de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, expresó la problemática con palabras sencillas: “las empresas tienen sus propios intereses y no coinciden con los intereses de la población nativa”.

Kollwitz explicó a Efe que si bien se han comenzado a otorgar títulos colectivos de tierra a las comunidades chocoanas, “el subsuelo está exento y por eso el Estado da concesiones a las empresas”.

El ejemplo está en los municipios del Alto Atrato, cuyos habitantes recibieron el pasado fin de semana un título de 73.000 hectáreas, pero de ellas 55.000 ya están adjudicadas en concesión a la multinacional minera Anglo Ashanti Gold, según Ximena González, del centro de estudios sociales Tierra Digna.

González dijo a Efe que ese gran proyecto “se va a concentrar en un cerro sagrado de las comunidades emberas” habitado en sus alrededores por afrodescendientes e indígenas.

Y alertó de que sólo las tareas de exploración implican desalojos y desplazamientos de poblaciones.

Además, “la minería de oro y polimetálica ha demostrado a nivel mundial que tiene efectos medioambientales no remediables pese a los programas de responsabilidad social de las empresas”, insistió la representante de Tierra Digna.

Yuto y Lloró son algunas de las poblaciones del Alto Atrato que viven fundamentalmente de extraer oro de la tierra, allí se ha venido practicando la minería artesanal con batea desde muchos años atrás.

Desde que llegaron las excavadoras, todo cambió. Ahora hay más opciones de encontrar oro, pero con mayores riesgos por los derrumbes en estas minas ilegales, huecos que han convertido lo que antes eran extensas áreas de selva en desiertos empedrados.

Esa minería a cielo abierto “significa la destrucción de grandes extensiones de bosque tropical”, advirtió el sacerdote Kollwitz, cuya Diócesis se ha enfrentado públicamente a alcaldes y propietarios de minas para que acaben las prácticas ilegales e irresponsables.

Para Kollwitz, “nadie ha hecho la cuenta de lo que significa destruir el bosque, que vale mucho más que unos cuantos kilos de oro”, además “se contaminan las aguas, lo que repercute en la salud”.

A ello se une “la descomposición social porque los mineros viven pendientes de unas horas que les permiten entrar en esos huecos, el resto del tiempo esperan sin hacer nada, tomando trago, jugando naipes, y prolifera la prostitución”.

Adicionalmente, “muchos jóvenes que deberían estar en la escuela, prefieren ir al entable minero”.

Los planes mineros a gran escala son los que hacen pensar a los defensores de las comunidades del Chocó que las formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura, caza y pesca, están en peligro, así como la rica biodiversidad y los sitios sagrados de los nativos.

Esther Rebolledo | EFE