El Fondo para el Cambio Climático, constituido en noviembre 2.012 en México, afronta retos trascendentales, como la aplicación de estándares anticorrupción, por lo cual difícilmente pueda comenzar acciones concretas este año, advierten organizaciones de la sociedad civil.

Creado en el marco de la Ley General de Cambio Climático, el programa de recursos para afrontar esta problemática cuenta con un presupuesto inicial de solo 78.000 dólares, asignados principalmente para cuestiones administrativas.

La iniciativa fue adoptada en consonancia con la estrategia mundial diseñada en la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada en diciembre de 2010 en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún.

“Sabemos que los países receptores (de recursos) afrontan significativos riesgos de corrupción”, y esto preocupa porque el fondo mexicano “puede ser un modelo” para otros países necesitados de ayuda, dijo a IPS la estadounidense Lisa Elges, directora del Programa para la Integridad en Gobernanza Climática de Transparencia Internacional (TI).

“Es necesario realizar una evaluación de riesgo de corrupción, así como también es importante que la gente se involucre y haga un seguimiento del proceso”, planteó la experta. Esa organización no gubernamental publicará entre julio y agosto el informe “Mapa y evaluación del financiamiento climático”, que contendrá un análisis de tres fondos que han recibido nueve países, entre ellos México, República Dominicana y Panamá.

Entre los hallazgos de los expertos de TI figura la falta de delimitación de responsabilidades en casos de corrupción, de rendición de cuentas, mecanismos de resolución de divergencias, coordinación con fondos nacionales, conflicto de intereses entre los actores involucrados, como empresas, y ausencia de seguimiento del ciclo de vida de un proyecto, desde su diseño hasta su consecución final.

“El fondo climático debe tener reglas claras, rendición de cuentas y transparencia…”. Carlos Tornel. El Fondo para el Cambio Climático mexicano está destinado a captar y canalizar recursos públicos, privados, nacionales e internacionales para ejecutar acciones ante los efectos del cambio climático, entre los que tienen prioridad las destinadas a la adaptación.

México es particularmente vulnerable a los cada vez más reiterados eventos extremos, como sequías agudas, tormentas intensas y heladas, para lo cual son imprescindibles medidas de mitigación y adaptación.

Desde 2006, este país con 118 millones de habitantes ha recibido más de 7.000 millones de dólares entre empréstitos y donaciones de privados, de organismos multilaterales y de otras naciones para políticas ambientales, en atención al discurso de sus autoridades de que necesita recursos para afrontar los desafíos, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Entre los proyectos en marcha, por ejemplo, se cuentan la restauración de humedales en el Golfo de México, financiado por el Banco Mundial, y la construcción del modelo de seguimiento, verificación y reporte del sector forestal, una iniciativa que debe quedar listo en 2015 y que recibe asistencia de Noruega.

Carlos Tornel, analista de políticas públicas del Cemda, precisó a IPS que el fondo climático “debe tener reglas claras, rendición de cuentas y transparencia, además de que no debe ser el único mecanismo financiero”. Un reporte sobre el flujo de recursos hacia México proveniente de las arcas públicas, instituciones internacionales y organismos privados será divulgado este mes por el Cemda.

El gobierno del conservador Enrique Peña Nieto entiende que es preferible primero tener una estructura y lineamientos bien definidos, para luego empezar a financiar proyectos. “Nos urge diseñar algo que funcione bien. Tenemos que hacer que sea transparente, que funcione y que reduzca costos”, comentó a IPS el director general adjunto para Proyectos de Cambio Climático de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente, Luis Muñozcano.

Un borrador de los lineamientos del fondo verde estipula la delimitación de responsabilidades de los involucrados, procedimientos para la recepción y entrega de financiamiento, un mecanismo de acceso a la información, transparencia y evaluación de los recursos, entre otros aspectos.

En 2020 debe estar listo un sistema de incentivos financieros y subsidios para medidas de adaptación y mitigación. El fondo mexicano puede también aportar dinero a emprendimientos de eficiencia energética, energías renovables, aprovechamiento de biomasa y transporte limpio, entre otros.

México lanza anualmente a la atmósfera unos 748 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases responsables del recalentamiento planetario, según los últimos datos recogidos en 2010 y divulgados oficialmente en diciembre pasado.

La Ley General de Cambio Climático establece un plan de reducción de las emisiones contaminantes de 30 por ciento para 2020 y de 50 por ciento para 2050, tomando como referencia los indicadores de 2000. La Quinta Comunicación Nacional, entregada en 2012 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, proyecta que el abatimiento previsto para 2020 requiere una inversión de unos 138.000 millones de dólares.

“Queremos un enfoque estandarizado. Se trata de ver si el dinero fue usado eficientemente. Además, en la práctica los mecanismos de queja no son funcionales para el plano nacional”, indicó Elges, basándose en la operación del Fondo Verde para el Clima, creado en la COP 16 y que en principio contó con 30.000 millones de dólares.

En esa cita de Cancún se acordó que las naciones industrializadas deberán aportar a ese fondo 100.000 millones anuales desde 2020, destinados a asistir a los países pobres para que puedan adaptarse a los impactos y a desarrollar economías bajas en carbono. El Banco Mundial administra los recursos durante los primeros tres años, bajo los estándares de la Convención.

El Fondo Verde se compone de un consejo de 24 delegados distribuidos entre naciones ricas y pobres, responsable de la ejecución y la vigilancia del uso de los recursos.

Luego de la elección de Corea del Sur como sede del organismo el año pasado, TI recibió una denuncia de uno de los países candidatos acusando al ganador de haber comprado votos con pagos anómalos. Pero la nación asiática rechazó el cuestionamiento y el caso no avanzó más, por lo cual, para Elges, es una advertencia de las sombras que revolotean sobre ese tipo de fondos.

Los competidores por la oficina central del Fondo Verde fueron, además de México, Alemania, Polonia, Suiza y Namibia. “Se tiene que ver la asignación del presupuesto. Hasta ahora, la Secretaría de Hacienda es la única responsable”, remarcó Tornel.

Por Emilio Godoy | www.ipsnoticias.net