De hacerse realidad lo que se planea, no sólo se partirá en dos el Parque Nacional y territorio indígena Isiboro-Sécure, conocido como TIPNIS, de casi 1.100.000 hectáreas de extensión, sino que es probable que por esa vía ingresen “proyectos para desarrollar biocombustibles y transgénicos, herbicidas y componentes químicos para procesar marihuana y cocaína, lo cual elevará también la delincuencia e inseguridad”, según declara Gastón Cornejo, ex senador boliviano.

Evo Morales, Presidente de Bolivia, pretende construir esta carretera, de más de 300 kilómetros, para unir una población en el norte (San Ignacio de Moxos, en el Beni) y otra en el sur (Villa Tunari, en Cochabamba). El 80% de los más de 400 millones de dólares que significará la construcción lo financiaría una empresa brasileña. Ante esto, son más de 1.500 indígenas los que hace varios días marchan como forma de protesta. “La amarga ironía para los marchistas, que han reunido a casi una treintena de representantes de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, es que su presidente se llama Evo Morales Ayma, indígena”, explica Carlos D. Mesa, ex presidente de Bolivia.

“En la última Cumbre de Cancún sobre el cambio climático de 2010, Bolivia fue el único país del mundo que se opuso al documento final, argumentando que era demasiado débil y que no mostraba una verdadera decisión de defender la Madre Tierra (Pachamama en aymará)”, recuerda Mesa, y agrega que “en ese contexto, el Gobierno boliviano ha hecho una cuestión de fe de la difusión del ‘vivir bien’ que, según subraya, se basa en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, filosofía indígena prehispánica en la que incluso los derechos de la Tierra son más importantes que los derechos humanos“, lo que se contradice absolutamente con lo que está promoviendo hoy.

“La Constitución boliviana es muy clara en una situación como la planteada. El artículo 2 les otorga a las naciones y pueblos indígenas el derecho a la autonomía, al autogobierno y a la consolidación de sus entidades territoriales. El artículo 30 especifica su derecho a ser consultados de manera obligatoria cuando el Estado toma decisiones que afectan a sus territorios”, señala Mesa en la misma nota, y a continuación explica lo que está ocurriendo: “Uno de los ejes de la producción de coca en Bolivia está en el Chapare colindante con el TIPNIS, que comenzó a ser invadido hace algunos años por cultivos de la hoja aún en pequeña escala, que con el nuevo camino podrían expandirse. Morales forjó allí su liderazgo político como secretario ejecutivo -cargo que aún ocupa- de las federaciones de productores de coca. Es su base social y política más dura“.

Esto coincide con la información acerca de que hace algún tiempo “el entonces viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo sospechar que los asentamientos de colonos y las plantaciones de coca -en el TIPNIS- se relacionaban con el narcotráfico, y que había entre 4.000 y 5.000 hectáreas de cocales ilícitos en la reserva. El 2 de febrero de 2010 renunció a su cargo y hoy es uno de los activistas contra la carretera”.

La construcción de esta carretera provocará un altísimo impacto ambiental y cultural. Por eso no sólo marchan los indígenas afectados directamente, sino que la comunidad se está movilizando. Desde un concurso de posters en Facebook hasta el espacio en la web de la organización Avaaz, donde es posible firmar online para pedir al presidente de Bolivia que frene este proceso.

Fuente | Donare.com