La decisión de la Justicia Federal de prohibir una licencia ambiental para la construcción de la Hidroeléctrica de Tapajós es un gran paso para el crecimiento de este debate alrededor de la necesidad y urgencia de implantarse grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía.
La orden judicial otorgada por el juez José Airton de Aguiar Portela el día 19 determina que sea realizada la Evaluación Ambiental Integrada (AAI) en toda la bacía de los ríos de Tapajós y Jamanxim, en base a los criterios técnicos, económicos e socio ambientales, y que sean escuchadas las comunidades indígenas y comunidades tradicionales en las áreas presentes.
Según el Ministerio Público Federal en Pará, que solicitó la decisión, la obra afectará a las Tierras Indígenas Munduruku, donde viven más de 10 mil indígenas.
“Las evaluaciones ambientales son muy importantes y deben ser derivadas del término de la referencia detallada que se refieren a la metodología, de manera que se posibilite el estudio consistente. A pesar de que lo más importante sea la aplicación de las recomendaciones, así como el acompañamiento por la sociedad”, mencionó la secretaria general de WWF Brasil, Maria Cecília Wey de Brito.
La bacía hidrográfica del Rio Tapajós representa casi el 6% del territorio brasileño y se encuentra destacada su relevancia ecológica, escénica y cultural. Sin embargo, se ha visto afectada por causa de medidas precipitadas para la implantación de proyectos que prevé la construcción de las siete ursinas en el Complexo Tapajós, entre estas dos mega-ursinas hidroeléctricas, São Luiz (6.133 MW) e Jatobá (2.336 MW)
Entre estas medidas está la decisión del gobierno, que fue anunciada en Enero y se convirtió en ley de reducción de área de cuatro unidades de conservación para permitir la implantación del Complexo Tapajós y el embalsamiento de más dos ríos libres en la Amazonía, Tapajós y Jamanxin, que con la inundación del área estimada de 2.500 km2 y la fragmentación de los ecosistemas sociales y ecológicos.
Según la decisión judicial más reciente que presenta un avance acelerado del proyecto sin atención de las determinaciones legales y previstas, “el Poder Público no puede ser negligente en el reglamento que el mismo estableció, por más urgentes que sean las demandas energéticas del País.
WWF ha estado defendiendo la tesis de un planeamiento integrado para la región y es proponiendo un debate nacional bien probado sobre el Amazonía que se quiere conservar en el futuro, lo que implica que antes se debe definir ríos que se preserven antes que la acumulación de impactos de sin números de proyectos hidroeléctricos, tratados de forma aislada, que genere un impactos socio ambiental de proporciones potencialmente desastrosas.
“Con 150 embalsamientos planeadas para la Amazonía, es imprescindible definir áreas de prioridad para la conservación del agua dulce para garantizar la manutención de la conectividad y la integridad del sistema hídrico de interés de la vida de aquellos que dependen que los ríos fluyan y latan libremente. Y hay estas herramientas para fomentar este diálogo”, declaró Pedro Bara, líder de la estrategia de infraestructura de la Iniciativa Amazonía Viva de la Red WWF.
Vía | WWF Bolivia
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