La posible construcción de una marina turística con capacidad para más de 250 embarcaciones en el golfo Dulce de Costa Rica preocupa a expertos en oceanografía, debido a los impactos ambientales que puede tener un proyecto de esta naturaleza en una zona de biodiversidad tan frágil.
El oceanógrafo Guillermo Quirós y el director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alvaro Morales, explicaron los altos riesgos que corre la flora y fauna del golfo Dulce con la instalación del marina “Bahía Cocodrilo”.
El golfo Dulce está ubicado en el extremo sureste de Costa Rica y, además de estar rodeado de parques nacionales de gran importancia como Corcovado, es un sitio reconocido para el avistamiento de ballenas y delfines en el océano Pacífico.
El oceanógrafo Guillermo Quirós realizó un análisis de las implicaciones que puede tener un proyecto de esta envergadura y los análisis que en su criterio se omitieron a la hora de presentar el Estudio de Impacto Ambiental respectivo ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Quirós argumentó que un proyecto de marina no es conveniente para el golfo Dulce no es conveniente por la fragilidad de su ecosistema, ante posibles focos de contaminación como los que representaría un proyecto de estas dimensiones que cubre 43 hectáreas sobre el mar.
Un primer elemento en contra es el hecho de que el flujo y reflujo de mareas en este golfo es de baja intensidad, por lo tanto es un foco de contaminación por hidrocarburos, el cual puede tardar meses en salir a mar abierto, causando un gran daño ambiental.
Además, Quirós consideró que el llenar de barcos el golfo hace que estos compitan por el espacio con los mamíferos que viven en estas aguas (delfines y ballenas), lo cual afectará la belleza escénica del lugar y a quienes viven de los turistas que llegan a observar a estos animales.
Quirós señaló que no se realizaron estudios para determinar la afectación de la marina en la dinámica de sedimentos y nutrientes, ni su impacto en los humedales y en su logar se extrapolaron datos de otras regiones que no guardan relación con el golfo Dulce.
El experto tampoco encontró un plan de contingencia en el caso de derrames de hidrocarburos, aguas negras y otros focos de contaminación, ni se midió la “granulometría”, entre otros elementos que en su opinión deben ser considerados en los estudios.
Similar es el criterio del director del Cimar, Alvaro Morales, quien tiene muy clara la fragilidad de los ecosistemas en el Golfo Dulce ante este tipo de desarrollos.
“Es una locura poner 250 espacios para embarcaciones en el lugar que guarda una cuarta parte de la diversidad marina de la costa Pacífica del país. Hay pruebas de que este tipo de marinas afectan a los cetáceos y las tortugas. Si las comunidades del golfo se opusieron a las granjas atuneras, no dudo que lo harán también con esto”, afirmó.
El experto añadió que el golfo Dulce es un lugar único en el Pacífico que alberga a poblaciones de ballenas jorobadas que llegan allí para tener sus crías y protegerlas mientras se desarrollan, además de tener dos especies residentes de delfines.
Morales dijo que el proyecto se ubicará cerca de la salida de un manglar y que provocará un gran “estrés ecológico” en el lugar, por la presencia de los barcos y el ruido propio de este tipo de actividades.
A la marina se suma la intención de levantar un hotel con sus respectivos estacionamientos y el riesgo que significa el manejo de los combustibles, tanto para los vehículos en tierra como para las embarcaciones.
“No conviene una obra tan grande para un lugar que realmente es un paraíso natural. De seguro la comunidad no querrá que lo echen a perder. La zona sur del país enfrenta una gran presión para alojar grandes desarrollos turísticos”, afirmó Morales.
En la comunidad de Puerto Jiménez, cercana a la zona de proyecto, algunos pobladores también se oponen a este tipo de desarrollo, como es el caso de la coordinadora de la Comisión Ambiental de este lugar, Marielos Jiménez.
Jiménez comentó que existe preocupación entre los pobladores por los efectos que pueda tener la marina en los ecosistemas del mar y en los manglares, así como en los numerosos humedales que se encuentran en la zona.
Explicó que la comunidad trabaja en la recolección de firmas para solicitar al gobierno costarricense que detenga el avance de este proyecto, que ya cuenta con el aval de la Setena y de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT).
La activista comunal aseguró que en el sur de Costa Rica no desean replicar el modelo de desarrollo turístico que tuvo la provincia de Guanacaste, en el noroeste del país, donde se instalaron hoteles y grandes empresas turísticas, cuyos beneficios no llegan a los pobladores locales.
FUENTE | www.costaricantimes.com
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Porque es un análisis hasta ahora sesgado contra las marinas turísticas, a partir de un par de malas experiencias, es pertinente otro punto de vista. Son, en términos generales, pequeños puertos diseñados para la atención de embarcaciones de pequeño calado que requieren servicios para ellas y sus tripulantes. Energía eléctrica, protección, reparación y mantenimiento, tratamiento de aguas servidas, recolección de desechos, abastecimiento de combustible, servicios de migración y aduana, abastecimiento de equipos y otras necesidades, disponibilidad de guías con conocimiento de pesca deportiva, servicios de alojamiento y restaurante. .
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Se encuentran en países donde el turismo marítimo, los deportes acuáticos y la pesca deportiva en particular, son valorados como actividades de interés para el desarrollo, como sucediera en el contexto del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo promovido por el ICT en Guanacaste. Fue precisamente en el marco de la actualización del Plan Maestro del mismo, que algunos señalamos la necesidad de contar con los servicios anotados, en vista de que el eventual desarrollo del polo turístico atraería numerosas embarcaciones turísticas hacia bahía Culebra. De esta forma, se emitió en 1998 la legislación correspondiente que permitiera su construcción y administración en el ámbito privado, como parte de un proceso donde la protección ambiental era parte sustancial. .
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Así, para mitigar eficientemente el impacto ambiental negativo que hubiera tenido la presencia de cientos de embarcaciones turísticas en esa zona marino costera, que tendrían que abastecerse de combustible, realizar reparaciones y que generarían residuos sólidos y aguas residuales, entre otros, se planteó la urgente necesidad de avanzar en el establecimiento de los mecanismos que permitieran la construcción regulada de marinas –en todo el país- cumpliendo todos los requisitos ambientales necesarios para un adecuado funcionamiento de ellas. .
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Se sabía, gracias a la clausurada y mal llamada “marina” Flamingo, construida muchos años antes de que se establecieran los controles del Estado para su desarrollo y funcionamiento, que una marina turística mal diseñada y peor construida puede impactar negativamente su área de influencia. Por ello en Costa Rica, excepcionalmente, los proyectos de marinas no solo deben obtener la correspondiente viabilidad ambiental de la Setena, sino también recibir la aprobación previa de una comisión interinstitucional (Cimat) encargada de establecer los términos técnicos obligatorios para su ubicación, construcción y operación. Como es de esperar, las condiciones físicas y ambientales del entorno, junto a las características sociales y económicas del área de influencia directa e indirecta, son aspectos sustanciales tomados en cuenta por ambos entes. .
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Como aclaración a cierta desinformación divulgada, en los Estados Unidos existen unas 12.000 marinas turísticas, algunas de las cuales son capaces de albergar más de 6.000 embarcaciones, y en estados que se precian por su desarrollo en las ciencias marinas, como es el caso del pequeño Rhode Island, funcionan 300 atracaderos y marinas. Verdaderos focos de desarrollo caracterizados por el funcionamiento de hoteles, servicios comerciales y otros, que bajo una adecuada dirección, comparten sus beneficios hacia las comunidades costeras. .
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No se trata, ¡aclaramos!, de que sean bienvenidos aquellos proyectos que violenten la normativa ambiental y jurídica que los regula, y que conlleven amenazas de destrucción ambiental por su construcción y funcionamiento. Posibilidad que gracias al “control cruzado” de al menos dos organismos del Estado con participación multidisciplinaria, no vislumbramos posible. Pero tampoco afirmar sin fundamento, que el funcionamiento de una marina turística, desarrollada según los estrictos requisitos existentes, traiga consigo la destrucción (!) de 314 km2 de los territorios marinos y terrestres a su redonda, y que además, compitan con el resto del país, como centros de contrabando de drogas y promoción de la prostitución. Argumentos antojadizos emitidos a la ligera como parte de una oposición de los que no las quieren en ningún punto de los más de 1400 km de la línea costera de las vertientes Caribe y Pacífico del país. Por supuesto, sin valorar los beneficios ambientales y socioeconómicos inherentes a ellas. .
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*Biólogo, especialista en estudios de impacto ambiental