La “legalización” de piscinas dedicadas a la producción camaronera es “un premio a la impunidad”, afirma la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-Condem). Esta organización trabaja en pos de la defensa, conservación y recuperación del ecosistema manglar, para garantizar su vitalidad y la de sus pueblos.

Según la presidenta de C-Condem, María Dolores Vera, esa actividad acuícola industrial es la principal responsable de la destrucción del ecosistema manglar ecuatoriano y “del desplazamiento de miles de familias de pescadores y recolectores artesanales de su territorio”.

Vera sostiene que el Gobierno nacional, mediante el Decreto Ejecutivo 1391, de octubre de 2008, “está ‘legalizando’ esta actividad depredadora, vulnerando los derechos de las poblaciones ancestrales y de la naturaleza”.

Estas declaraciones fueron realizadas por la presidenta de C-Condem en respuesta al artículo ‘Camaroneros logran recuperar manglares’, publicada en FIS el 28 de marzo pasado.

Al respecto, la responsable de C-Condem manifestó que la organización y los pueblos del manglar tienen una versión diferente.

Vera argumenta que el Decreto Ejecutivo 1391 es ilegal e inconstitucional. Explica que otorga concesiones a las instalaciones camaroneras que fueron construidas sobre áreas de manglares previamente taladas de forma ilegal por esta misma industria; y determina una reforestación del 10% cuando la extensión de la instalación acuícola no supere las 10 hectáreas, 20% cuando la extensión sea de 11 a 50 hectáreas y del 30% de 51 a 250 hectáreas.

En Ecuador, el manglar está protegido por el Código de Policía Marítima, desde 1960, y por la Ley Forestal, a partir de agosto de 1981.

Ya que un decreto no puede ir en contra de una ley, el Ejecutivo central debería autorizar la reforestación del 100% de las áreas taladas, como lo establece la Ley Forestal, recalca Vera.

En opinión de C-Condem, la reforestación realizada por el sector camaronero “no ha logrado recuperar áreas que previamente fueron manglares, como el interior de las piscinas camaroneras”.

“En cambio, han realizado reforestaciones en áreas que nunca han sido adecuadas, ni lo serán en un futuro, para la siembra de mangle, tales como playones de pesca, salitrales y playas o en bancos de arena donde jamás podría regenerarse el bosque”, agrega la presidenta de la entidad.

Además, dice que la industria acuícola “ha intentado hacer pasar como reforestación áreas previamente reforestadas por iniciativa de las comunidades locales, e incluso áreas regeneradas de forma natural, por lo que la recuperación del 1,6% del manglar por parte de la industria acuícola, resulta un despropósito y una falsedad”.

Vera hace hincapié en que “no se puede hablar de recuperación de manglares considerando una línea base en 1999″, porque en ese año ya se había destruido aproximadamente el 70% del ecosistema manglar en las costas ecuatorianas.

En 2006, el Centro de Levantamientos de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen) informó sobre la recuperación de un bosque de manglar por regeneración natural, por reforestación realizada por las organizaciones de los pueblos del manglar y por el Programa de Manejo de Recursos Costeros, en una extensión de 2.500 hectáreas.

Vera destaca que a más de tres años de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo, “no existe información completa” sobre:

La cantidad de hectáreas de piscinas que en la práctica se legalizaron;
El número de hectáreas de bosque de manglar que se reforestaron y su ubicación exacta;
El monto de dinero pagado por las empresas al estado ecuatoriano para acceder a las concesiones que otorga la Subsecretaría de Acuacultura.

Por último, la presidenta de C-Condem denuncia que “la deforestación afecta gravemente a las familias de pescadores artesanales que ven reducidas sus áreas de pesca y en muchos sectores contribuye a la mayor sedimentación de las desembocaduras, causando un grave problema que afecta al ecosistema manglar y a sus pueblos”.

FUENTE | fis.com