La mayor mina a cielo abierto de Argentina, Bajo la Alumbrera, podrá seguir produciendo oro y cobre con normalidad. La policía de la provincia de Catamarca (noroeste de Argentina) desalojó ayer el bloqueo de ecologistas del municipio de Tinogasta, que impedía desde hace tres semanas el paso de camiones que transportaban explosivos a ese yacimiento.

Unas 24 personas resultaron heridas (13 manifestantes y 11 policías), según el ministro de Gobierno catamarqueño, Francisco Gordillo.

En la provincia vecina de Tucumán, la Policía local desalojó también ayer a quienes bloqueaban el paso a otros camiones proveedores de la mina catamarqueña. En el pueblo tucumano de Amaicha del Valle los policías mantenían acorralados a unos 40 manifestantes para evitar que volvieran a ocupar la carretera.

Las represiones policiales de ayer ejemplifican el alto grado de tensión que han alcanzado las protestas contra la minería a cielo abierto en Argentina, un país poco habituado a esta actividad, a diferencia de lo que sucede al otro lardo de la cordillera de los Andes, en Chile. Vecinos de diversos pueblos andinos de Argentina han comenzado a alzar sus voces contra el presunto uso intensivo del agua y la contaminación del medio ambiente que los proyectos mineros pueden provocar en estas zonas áridas del país, que en los últimos años ha recibido millonarias inversiones de empresas extranjeras atraídas por la subida de los precios del oro y el cobre.

En otra provincia del noroeste argentino, La Rioja, los vecinos iniciaron a principios de año un bloqueo del camino a la mina de oro de Famatina y un mes después han logrado que el Gobierno riojano y la concesionaria del yacimiento, la canadiense Osisko, suspendieran las tareas de exploración hasta que se consiguiera el apoyo social al emprendimiento.

La protesta de Famatina ha contagiado a Catamarca. Tanto el Gobierno riojano como el catamarqueño y el tucumano pertenecen al peronismo y están alineados con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, que apoya la minería a cielo abierto. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, sustituyó hace solo dos meses a un político radical, que, a diferencia de la mayoría de su partido, estaba de acuerdo con explotar Bajo la Alumbrera, una de las principales fuentes de recursos de esta provincia que sigue siendo de las más pobres de Argentina. Tucumán y otros seis distritos argentinos han prohibido la minería a cielo abierto.

Ante tanta tensión, Fernández se refirió el pasado jueves al asunto de la minería. Hasta ahora venía criticando a las agrupaciones ecologistas, pero sin referirse a esta actividad en particular. “Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones”, dijo la jefa de Estado. El director ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martín Prieto, le contestó ayer: “Para dar un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas”.

Los desalojos de ayer de las carreteras en Tinogasta y Amaicha del Valle habían sido antecedidos por otros dos en la provincia de Catamarca. La semana pasada, en el municipio de Santa María, donde nueve manifestantes fueron arrestados, y el pasado miércoles, en el de Belén, donde fueron detenidos 26.

Unos y otros ya han sido liberados. Pero los vecinos quieren retomar unos bloqueos que han puesto a Bajo la Alumbrera al borde de suspender actividades, según denunció su concesionaria, la suiza Xstrata. Ayer, mientras los policías de Catamarca reprimían con balas de goma y gases lacrimógenos, los manifestantes los enfrentaban con piedras, que también caían sobre los camiones que iban a la mina. Familiares de los mineros también se manifestaron el miércoles en la carretera de Belén para reclamar contra los piquetes.

Alejandro Rebossio | elpais.com