Desde la Constitución de 1886, el uso de los suelos los define cada municipio. Esta es una de las razones por las que no hay una visión estatal que concrete las áreas terrestres de uso y conservación.
De acuerdo con Cecilia Rodríguez, ex ministra de Medio Ambiente (2002-2004), las decisiones políticas tomadas regionalmente explican por qué en Colombia no hay un plan ambiental y forestal nacional.
“Como las competencias son de cada uno de los concejos municipales, entonces no se logra hacer una articulación total para que el Estado tenga una decisión firme de lo que se va a proteger, lo que se va a utilizar para agricultura, ganadería, minería y urbanización”, dijo la ex funcionaria.
La responsabilidad del ejercicio de la autoridad ambiental en las jurisdicciones les corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Sin embargo, para la ex ministra, dichas entidades están evadiendo sus tareas, por lo que les atribuye parte del deterioro forestal del momento. “Hay madera que se tumba, pero no hay una autoridad que vaya y verifique el origen de esa madera”, advirtió.
Rodríguez recordó el caso de Bahía Solano, en el que una empresa canadiense explota los bosques de la región y responsabiliza a la CAR Codechocó de la concesión de esos permisos que han posibilitado la deforestación de la zona.
La ex funcionaria aseguró que confía en que se deben redefinir los concejos directivos de estas entidades, debido a que se encuentran politizadas y “clientelizadas”, impidiendo el ejercicio de un buen plan forestal en el país.
A su vez, propuso el establecimiento de incentivos que obliguen a los particulares a proteger y cultivar bosques. En este sentido, sugirió los procesos sustentables como mecanismos agropecuarios de protección de los bosques y el medioambiente.
FUENTE | www.caracol.com.co
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