De poco ha servido que la semana pasada el Gobierno de Brasil hiciese público un alarmante aumento de los niveles de deforestación del Amazonas. Sacudido por una fuerte polémica, el Congreso aprobó en la noche del martes, por aplastante mayoría, una reforma del Código Forestal brasileño que establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetación hasta 2008.

La nueva normativa también incluye la ampliación de las áreas de uso agropecuario susceptibles de tala y, en general, una flexibilización de las normas medioambientales. La presidenta Dilma Rousseff, que durante su campaña electoral prometió que su Gobierno no consentiría ninguna amnistía en beneficio de los deforestadores, ha calificado la medida aprobada de “vergüenza para Brasil” y ha adelantado que vetará su entrada en vigor.

Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra. 273 diputados a favor y 187 en contra de la enmienda que contempla la amnistía para los delitos de deforestación cometidos hasta 2008. “Brasil se va a dormir con la noticia de que la mayoría de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques”, reaccionó nada más conocerse el resultado de la votación Paulo Adario, director de la campaña Amazonas de Greenpeace.

Ante la andanada urdida en el Congreso contra la actual política medioambiental brasileña, la presidenta Rousseff presionó a todos los niveles, sin éxito, para atrasar la votación del nuevo Código Forestal. De poco sirvieron las reuniones de último minuto con los exministros de Medio Ambiente de los últimos Gobiernos, todos frontalmente en contra de la medida, o los contactos desesperados con los líderes de los grupos parlamentarios aliados al Ejecutivo, mayoritariamente a favor de dar luz verde.

El todopoderoso sector agropecuario brasileño tiene bajo control la Cámara baja a través de una tupida red de apoyos en los partidos mayoritarios, incluido el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). Más que nunca ha quedado al descubierto el poder de presión que sigue teniendo el campo brasileño en los despachos de Brasilia.

Una vez superada la primera prueba de fuego, el nuevo Código Forestal tendrá que recibir las bendiciones del Senado. Es posible que en el camino sufra alguna modificación, ya que Rousseff ha dejado clara su intención de vetar su entrada en vigor si el texto sigue contemplando la polémica amnistía y otras medidas que contribuyen al aumento de la deforestación.

La Constitución brasileña otorga al presidente la capacidad de vetar total o parcialmente un proyecto de ley si consigue probar que colisiona con el interés general del pueblo. Curiosamente, el ponente y abanderado de la reforma es el diputado Aldo Rabelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El bloque ruralista que lo ha secundado engloba casi todo el arco parlamentario, salvo el Partido Verde (PV) de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas agrupaciones han sido las únicas que han rechazado la reforma en bloque.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la amnistía que está a un paso de entrar en vigor condonará una deuda de hasta 10.000 millones de reales (más de 4.300 millones de euros) en multas por delitos ambientales cometidos hasta 2008. Los cálculos de Greenpeace son aun más dramáticos: 86 millones de hectáreas de selva quedarán sin protección y podrán ser deforestadas legalmente si la nueva normativa sale adelante. Esta superficie supera con creces a toda la vegetación que ya se ha destruido en la historia de la Amazonia.

La lógica de la amnistía implica que los condenados por delitos medioambientales podrán eludir el pago de las sanciones regularizando sus propiedades en un plazo aún indefinido. El nuevo código también abre la puerta a que los pequeños productores (propiedades de entre 20 y 400 hectáreas) no tengan que reforestar las áreas taladas ilegalmente en el pasado. Asimismo, da vía libre a la plantación de caña, café y otros cultivos en las laderas y cimas de los cerros, a la disminución de las áreas protegidas en las márgenes de los ríos y a la descentralización de la aplicación de esta normativa. Según los grupos ecologistas, la historia de Brasil muestra que las autoridades regionales y locales son mucho más propensas que el Gobierno Federal a la corrupción en la gestión de este tipo de leyes medioambientales que tropiezan con los intereses del agronegocio.

Las imágenes del Congreso tras la controvertida votación resultaron inquietantes: decenas de diputados abrazándose eufóricos y haciendo la señal de la victoria.

Esa misma mañana, Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del líder medioambiental Joao Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, ambos activistas por la preservación del Amazonas. Da Silva había denunciado que sufría amenazas de muerte por parte de madereros y ganaderos del Estado amazónico de Pará, donde vivía. Los mismos que probablemente brindaron tras la aprobación del nuevo código.

POR | Francho Barón

FUENTE | elpaís.com