En la cuenca del río Coatzacoalcos, en el sur de México, el mercurio se palpa, se inhala, se siente, mientras la población de la zona está alerta ante sus indeseados vecinos: complejos refinadores y petroquímicos que emiten la tóxica sustancia a la atmósfera y al agua.

“La gente está preocupada por la situación y pide respuesta. Estamos conversando con las comunidades para tomar acciones fuertes”, según dijo desde la zona el activista Isaúl Rodríguez, dirigente de la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco.

La agrupación no gubernamental integra a unas 2.500 personas, cuya actividad es afectada por la convivencia con plantas petroquímicas y refinadoras establecidas en la cuenca, en el sudoriental estado de Veracruz.

Su situación ilustra los problemas de la generación y manejo del mercurio que afronta México, cuando en Ginebra se celebrará, entre el 14 y el 18 de este mes, la quinta y última ronda de negociaciones para establecer un Tratado Internacional sobre el Mercurio, que será el primer convenio global y vinculante sobre el manejo de este metal pesado y tóxico.

El estudio “Industria química y petroquímica en la cuenca del río Coatzacoalcos, México. La concentración de mercurio en el cabello de los pobladores locales en el contexto de las negociaciones del convenio internacional”, difundido el miércoles 9, abundó en argumentos para la preocupación.

La investigación halló que las 22 muestras tomadas en la zona registraron en promedio 1,7 veces más que la dosis de referencia de una parte por millón de la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Los resultados “nos hacen pensar con preocupación sobre el problema que enfrentamos. La gente se pregunta si se va a morir o qué va a pasar, si va a buscar una alternativa médica. Es un problema social y económico difícil de resolver”, señaló el director de la no gubernamental Ecología y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos, Lorenzo Bozada.

El experto participó en la toma de muestras y la elaboración del informe, junto con otras dos organizaciones independientes: el mexicano Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) y la checa Asociación Arnika.

El informe pertenece al Proyecto Mundial de Monitoreo de Mercurio en Peces y Comunidades, coordinado por la Red Internacional para la Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (IPEN, en inglés) y el estadounidense Instituto de Investigación sobre Biodiversidad (BRI, en inglés).

La zona estudiada abarca 25 municipios, con una población cercana a los dos millones de personas y actividades económicas que incluyen la pesca, la ganadería y el cultivo de maíz, calabaza y frutas.

En Minatitlán, en la ribera de la cuenca, está la estatal refinería General Lázaro Cárdenas, que procesa 285.000 barriles diarios de crudo, mientras que en la cercana Coatzacoalcos, de igual nombre que el río, se ubica la también estatal Petroquímica Pajaritos, en cuyo complejo funciona una planta privada de cloro álcali que consume mercurio.

La exposición al mercurio, presente de forma natural en el aire, el agua y los suelos, puede dañar los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones y ojos. Además, es peligroso para el desarrollo neurológico del feto.

Por la acción de bacterias y microorganismos, se transforma además en metilmercurio, que suele acumularse especialmente en los peces.

El elemento tóxico se deposita en el agua y el suelo mediante el uso de fertilizantes, la explotación minera de oro artesanal y de pequeña escala, la utilización de aparatos médicos, como termómetros, y focos ahorradores de energía.

El caso de la cuenca del Coatzacoalcos no parece aislado dentro del país, aunque los datos disponibles sean insuficientes.

El estudio de 2012 “Patrones de concentraciones de mercurio globales en mariscos y su relación con la salud humana”, de David Evers, Madeline Turnquist y David Buck, todos investigadores del BRI, indica que las mayores concentraciones del metal aparecen en los golfos de California y de México, en la frontera con Estados Unidos.

“La política mexicana es débil. Falta un programa más sistematizado sobre la presencia de mercurio a nivel nacional y profundizar en áreas críticas, como la de la cuenca”, sostuvo ael director de CAATA, Fernando Bejarano, antes de viajar a Ginebra para la negociación final del tratado, impulsado desde 2009 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La alianza internacional Mercury Watch da cuenta que la minería aurífera artesanal y de pequeña escala emitió en México 7,5 toneladas de mercurio en 2010, cuando este país exportó 134,24 toneladas del toxico componente e importó 13,89 toneladas, casi todas de Estados Unidos.

El “Informe sobre el mercado de mercurio en México”, elaborado en 2011 por José Díaz a petición de la Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte, estima reservas de casi 27 millones de toneladas de desechos mercuriales, en minas y de la industria cloroalcalina.

El comercio del tóxico metal implica retos para México, pues la Unión Europea veta su venta al exterior desde 2011 mientras que Estados Unidos comenzó a aplicar restricciones a las exportaciones desde el inicio de este año, lo que dificulta que este país adquiera el componente.

La política mexicana se ha concentrado en estudiar la situación interna del mercurio y el retiro de su uso en hospitales, como lo revela la carta enviada al PNUMA en agosto de 2010, cuando este país se sumó a la Alianza sobre Productos con Mercurio. Pero no aborda su reciclaje.

En otra misiva, enviada el 31 de agosto por la Dirección General para Temas Globales de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos a la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA, el gobierno mexicano informó que los límites mínimos de reporte para emisiones y transferencias de mercurio y sus compuestos son uno y cinco kilogramos/año, respectivamente.

“Pemex (estatal Petróleos Mexicanos) debe comprometerse a reducir y controlar las liberaciones de mercurio, pues tiene una deuda ambiental histórica con los pobladores de la región. La Secretaría (ministerio) de Salud debe una evaluación clínica y epidemiológica de los impactos y reducir la exposición”, planteó el experto Bozada.

La red IPEN crítica que el borrador del tratado en negociación no exige el saneamiento de un sitio contaminado, el pago de biorremediación y la compensación a víctimas de accidentes. Además, excluye de compromisos al sector de los hidrocarburos.

“México debería lograr mejores compromisos en estos sectores”, demandó Bejarano respecto al acuerdo que está previsto que firmen en octubre los 128 estados participantes en la negociación.

Pero para productores como el veracruzano Rodríguez, el tratado es una entelequia y las alternativas son escasas. “Primero se puede vedar la pesca, para que los pescadores no se expongan, y luego hace falta que las empresas que contaminan ayuden a la gente”, exigió.

Por Emilio Godoy | www.ipsnoticias.net