La prohibición provoca protestas de hacendados, que la acusan de «golpe», y de ambientalistas, que apenas ven cambios.

Sin conseguir negociar en el Congreso, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sorprendió a representantes de la poderosa industria agrícola brasileña, que la acusaron de «golpe» por vetar nueve puntos del polémico Código Forestal aprobado el mes pasado en el Congreso.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, tampoco agradó a los ambientalistas, que ven en el veto parcial riesgos de inseguridad jurídica y para el medio ambiente. Brasil es el tercer productor mundial de materias primas agrícolas, y su industria factura miles de millones de dólares con cultivos como soja, caña de azúcar y pastos para el ganado.

La ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, informó de que los vetos presidenciales fueron puntuales, apenas para recuperar los principios que estaban en la propuesta original del Gobierno, tales como «no amnistiar, no estimular deforestaciones ilegales y garantizar la justicia social, la inclusión social en el campo alrededor de los pequeños agricultores».

En entrevista a TV Globo, el diputado Homero Pereira, que defiende los intereses de los hacendados del estado de Mato Grosso, declaró que el veto de la presidenta fue un «golpe» y que no honra el compromiso con su base oficialista en el Congreso.

«El estilo de Dilma Rousseff es de no aceptar derrotas y ella está usando las reglas que son parte del juego, no está siendo antidemocrática», declaró a ABC el politólogo David Fleischer, de la Universidad de Brasilia, sobre los vetos. Según Fleischer, el lobby de los hacendados en el Congreso aún puede intentar revertir los decretos, pero necesitarán un 60% de apoyo, una meta difícil.

Ambientalistas

Para Renata Camargo, asesora de políticas públicas de Greenpeace, el texto con los vetos de Rousseff sigue «muy mal desde el punto de vista ambiental», porque crea riesgos de inseguridad jurídica y espacios para cuestionamientos que pueden traer más deforestación.

Según Camargo, el texto sigue favorable a los productores agrícolas y mantiene desprotegidas las áreas forestales. «La protesta de los hacendados es parte de un juego político, en el que ellos no están ganando todo lo que quieren», dijo Camargo, que no quiso analizar los vetos de Rousseff, porque para Greenpeace sería necesario alterar todo el texto.

Para los defensores del medio ambiente, el Código pone en peligro entre 400 mil y 700 mil kilómetros cuadrados de selvas – según diferentes estudios difundidos- . La ley también pone en riesgo más de 100 mil especies.

Verónica Goyzueta | www.abc.es