La biopiratería es una práctica en la que investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos para realizar productos y servicios que se explotan comercial e industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores.

Brasil decidió jugar fuerte para proteger su biodiversidad, cuyo potencial económico es quizá el más grande de sudamérica, según la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.

Pero el cobro de multas a las empresas y la posibilidad de una nueva regulación, provoca muchas protestas entre quienes utilizan en sus productos la flora amazónica.

A principios de julio, el IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) presentó una demanda contra 35 empresas por un total de R$ 88 millones (US$43.057.050) por uso de recursos nativos sin compartir adecuadamente las ganancias con las localidades donde se extraen, según lo establece la legislación vigente desde 2001.

En este año, otras 65 firmas serán notificadas en las próximas inversiones de la operación Novos Rumos (Nuevos Rumbos). Las empresas que utilizan productos de la flora y fauna autóctona brasilera, deben pagar un canon y cumplir con ciertas regulaciones.

Muchas son empresas multinacionales, especialmente dentro de la industria farmacéutica y la cosmética, que venden sus productos utilizando consignas tales como “secretos de la Amazonia”.

Sus voceros dijeron que se sorprendieron por la decisión del IBAMA, y afirman que hay arbitrariedad de parte de la agencia ambiental que las estaría demandando sin la comprensión de cómo apoyan ellas a las comunidades aborígenes, sobre la base de la medida provisional (decreto de necesidad y urgencia) N°2.186, de 2001.

La norma no especifica las cantidades a distribuirse, incluyendo la posibilidad de que la empresa colabore con el propietario de la tierra de donde se extrajo la especie de manera no monetaria. Por eso, termina creando lagunas para maniobras y cuestionamientos.

“La ley no es nueva. En 2010, Novos Rumos 1, tenía un balance de empresas que buscaron regularización y el IBAMA cerró un acuerdo y un padrón”, dijo Rodrigo Dutra da Silva, coordinador general de la Auditoría Ambiental del IBAMA.

La norma del IBAMA trata de regularizar la situación de las empresas infractoras, por lo que la multa registra un descuento de hasta 90% para las que se encuadren. Y las empresas pueden, entonces, emplear el producto.

“Si una empresa opera económicamente con una información, un atributo, un principio activo de especie brasileña, debe solicitar permiso para acceder y, si obtiene ingresos, debe repartir esos beneficios”, explica Natália Milanezi, del área de supervisión del IBAMA.

“El gobierno no tiene nada en contra de la investigación científica, porque consideramos las especies amazónicas una gallina que pone huevos de oro, pero queremos que sean explotadas de manera sustentable”, dijo Dutra da Silva, del IBAMA.

De acuerdo con fragmentos de un proyecto de decreto al que el diario brsileño O Globo tuvo acceso, el área ambiental del gobierno quiere hacer a la Unión responsable de la recaudación de beneficios repartidos, aplicando tarifas estándar.

El objetivo es crear un fondo con el 1,5% de las ventas brutas que las empresas vendan a partir de la explotación de los recursos genéticos nativos -ó 0,7% si el producto final fuera alimentación o agricultura-. Desde el año 2001, las empresas reparten ganancias con el propietario del lugar donde se extrae la especie, pero es una negociación desigual. El fondo no sólo beneficiaría a las comunidades locales, sino que debe asignar recursos para la investigación y capacitación del personal del área ambiental.

El decreto también regulará el principal blanco de consultas de las empresas que fueron más penalizadas: ellas sostienen que la norma actual establece que sólo la empresa que accede a los recursos genéticos debe cosechar los beneficios.

IBAMA entiende, sin embargo, que todas las empresas que venden los productos a los que se agregó valor, deben compartir los beneficios, pero reconoce que el decreto va a dejar en claro qué actividades de registro, producción y comercialización deberán pagar, a excepción de los revendedores.

En la Amazonia, la biopiratería comienza a ser un grave problema. Se están firmando contratos con etnias indígenas que permiten a empresas extranjeras acceder a sus tierras para llevar a cabo una explotación de la biodiversidad.

FUENTE | www.urgente24.com