Centroamérica no es una región estática. Durante las últimas dos décadas, la región y los siete países que la componen  han experimentado múltiples, intensos y dramáticos cambios.  Centroamérica enfrenta numerosos procesos de transformación.

Los indicadores recientes sobre el desarrollo humano sostenible de la región dan cuenta de crecientes brechas e importantes asimetrías sociales, económicas e institucionales entre los países centroamericanos.

Entre los países los hay con tasas de mortalidad infantil  por mil nacidos vivos de 32,6, mientras que otro tiene 9,6. Las tasas de homicidio por cien mil habitantes observadas van de 82 en Honduras a  alrededor de 10 en Costa Rica; la media regional es mayor a 40. La incidencia de la pobreza en la población llega  a 64,5% en algún país; la más baja es de  21,7%.

El gasto por persona en educación entre el país que más invierte y el que menos es de casi de siete a uno. Costa Rica y Panamá concentran más del 40% del PIB regional, la mayor parte del gasto público total, pero cuenta con alrededor del 20% de la población centroamericana.

En términos regionales el principal obstáculo es que los retrocesos y amenazas  promueven la ampliación de las brechas socioeconómicas y políticas entre las naciones del sur (Costa Rica y Panamá) y las del centro-norte, que amenazan con desencadenar una fractura en el Istmo, entendida ésta como la falta de disposición generalizada de los Estados a actuar en forma conjunta ante retos comunes.

En materia medioambiental, la región y países, en mayor o menor grado, han identificado con relativa claridad sus preocupaciones ambientales y avanzan en el debate, pero cuentan con pocas herramientas para asumirlas de manera integrada.

Una limitación clave que se debe mencionar es la información.

Centroamérica requiere con urgencia consolidar sistemas nacionales y regionales de indicadores ambientales, actuales, pertinentes y sistemáticos, que permitan un seguimiento adecuado de los avances y retrocesos en su desempeño, y que señalen caminos concretos para la política pública y para la acción, imprescindible, de la ciudadanía.

Cuando se observa el desempeño reciente, la gestión ambiental centroamericana parece haber sido definida sobre la marcha, en respuesta, por un lado, a los requerimientos de la actividad económica (y no necesariamente del desarrollo humano sostenible que debería derivar de ella) y por otro, a las urgencias generadas por situaciones críticas, como los conflictos por el uso de la tierra y el agua, el recurrente impacto de los desastres o la insostenibilidad del consumo energético y la contaminación.

Como en cualquier urgencia, los planteamientos suelen ser verticales, poco informados y, a menudo, poco participativos. La sostenibilidad futura descansará en la capacidad de los actores para crear instrumentos políticos y técnicos, socialmente construidos, que vinculen el desarrollo humano con el ambiente.

En cuanto a los principales cambios en los patrones de uso de los recursos naturales en Centroamérica,  la sostenibilidad ambiental y las capacidades nacionales para promoverla, el Cuarto Estado de la Región aprecia que en la primera década del siglo XXI, profundizó sus tendencias de uso insostenible de los recursos naturales, al pasar de una relación positiva entre su huella ecológica y la capacidad de su territorio, a una brecha negativa o “deuda ecológica”.

Esto significa que el ritmo actual con que las y los centroamericanos utilizan esos recursos demanda más territorio del disponible. Este cambio confirma una notable desvinculación entre ambiente y desarrollo, y demuestra que el grado de prioridad (creciente) que tiene ese tema en los discursos y espacios institucionales y políticos, no se expresa en logros concretos y transformaciones sustanciales en sus patrones de explotación de la naturaleza.

Gran parte de la deuda ecológica deviene de un uso energético descontrolado, ineficiente y contaminante, y de la apertura, poco planificada y regulada, de nuevas ventanas de riesgo para la integridad natural del territorio.

Un crecimiento urbano expansivo, un limitado control de las fuentes de contaminación del agua y de los residuos sólidos y líquidos, la afectación del suelo por actividades agrícolas tecnológicamente rezagadas, así como la apuesta por actividades de alto impacto ambiental y gran conflictividad social, como es el caso de la minería (en especial en territorios indígenas).

FUENTE | www.revistaambienta.es